El método de cómputo que anuló el TC en su sentencia del Pleno
61/2013, de 14 de marzo, ya fue cuestionado por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en su sentencia de 22 de noviembre de 2012, asunto
C-385/2011, al calificar de discriminatorio el trato que daba la
legislación española a los trabajadores a tiempo parcial respecto a los
contratados a tiempo completo.
El TC hizo suya la interpretación de la justicia europea y consideró que la regla de cálculo contenida en la regla 2ª, apartado 1 de la disp. adic. 7ª de la LGSS
"lesiona" el derecho a la igualdad (artículo 14 de la Constitución
española) y es "discriminatoria" por razón de sexo, ya que la mayor
parte de los trabajadores a tiempo parcial en España son mujeres.
Primeros efectos tras el fallo que anula la regla de cálculo
Amparándose en su fallo de marzo pasado, el TC ha dictado dos nuevas sentencias, las número 71/2013 y 72/2013,
ambas de 8 de abril y publicadas el pasado viernes en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), en las que da la razón a las trabajadoras
demandantes.
En concreto, el TC ha procedido a anular sendas sentencias del TSJ de
Cataluña y de la Sala Social del Tribunal Supremo, que denegaban a las
respectivas trabajadoras una pensión de incapacidad permanente absoluta
derivada de enfermedad común porque no reunían el periodo de cotización
exigido para cobrar pensión, debido a que las cotizaciones efectuadas
por sus contratos a tiempo parcial fueron computadas en función de las
horas trabajadas.
En la primera de estas sentencias anuladas, se daba la razón al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, que denegó dicha pensión a la
mujer. La trabajadora recurrió la resolución administrativa del INSS
ante el Juzgado de lo Social, que falló a su favor y ordenó la concesión
de la pensión.
Sin embargo, el INSS interpuso recurso de suplicación ante el TSJC,
que le dio la razón, y la demandante presentó entonces recurso de
casación para la unificación de doctrina ante el Supremo, que lo
desestimó por no encontrar contradicciones entre el fallo recurrido y la
sentencia invocada como contraste.
La trabajadora optó posteriormente por presentar recurso de amparo
ante el TC, cuya Sala Primera, tras ofrecer los mismos argumentos que en
la sentencia en la que anuló las reglas de cálculo de las cotizaciones a
tiempo parcial, ha resuelto declarar la nulidad de las sentencias en
las que se le denegaba la pensión de incapacidad permanente y la firmeza
del fallo que dictó el Juzgado de lo Social de Girona en abril de 2005
ordenando al INSS al pago de la pensión.
En el otro caso, la pensión de jubilación que se solicitaba fue
denegada por la Dirección provincial de Jaén del INSS, al entender que
no reunía los necesarios 5.465 días (15 años) de cotización para poder
cobrar la prestación.
En concreto, la demandante había cotizado 15 años y dos meses de
cotización a tiempo parcial, pero con el sistema de cálculo vigente, ya
anulado por el TC, sólo obtenía la acreditación real de 2.070 días
cotizados, por lo que para alcanzar los 5.465 días requeridos
necesitaría más de 30 años de cotización.
La resolución del INSS fue confirmada por el Juzgado de lo Social
número 1 de Jaén en enero de 2006 y, posteriormente, por la Sala de lo
Social del TSJ de Andalucía. La trabajadora recurrió entonces al
Tribunal Supremo, que rechazó admitir el recurso de casación para la
unificación de doctrina que presentó la mujer por falta de contradicción
de las sentencias a contraste. Por último, tras recurrir en amparo al
Constitucional, este tribunal ha decidido anular las sentencias
anteriores y ordenar al INSS a dictar una nueva resolución sobre el caso
"respetuosa" con la Carta Magna.
Coste de 1.900 millones anuales para la Seguridad Social
El Ministerio de Empleo ya había previsto que la sentencia del TC
anulando el sistema vigente para el cálculo de los periodos de
cotización en el tiempo parcial iba a traer consecuencias negativas para
las arcas de la Seguridad Social, por lo que desde hace unas semanas
negocia con los agentes sociales un nuevo método de cómputo que respete
tanto los argumentos del TC como de la justicia europea.
En una reciente comparecencia pública, el secretario de Estado de
Seguridad Social, Tomás Burgos, estimó que el cambio en el cómputo de
las cotizaciones a efectos de calcular prestaciones contributivas en el
empleo a tiempo parcial, a raíz de la sentencia del TC, podría suponer
un coste anual de 1.900 millones de euros.
Burgos explicó que, a la espera de que se acuerde con los agentes
sociales un sistema alternativo más justo y equitativo, el Gobierno "se
ve obligado a aplicar" en medio del actual vacío legal un sistema por el
que cada día trabajado a tiempo parcial equivaldrá a un día cotizado.
No obstante, precisó que en el caso de las reclamaciones de
prestaciones desde 1995, puesto que la sentencia del Constitucional
tiene efecto retroactivo, se va a producir una situación de "inseguridad
jurídica", ya que corresponderá a los órganos judiciales determinar la
normativa a aplicar. Al respecto, Burgos vaticinaba "dispares
interpretaciones para colmar esta laguna legal". (EUROPA PRESS)
martes, 14 de mayo de 2013
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